La batalla del cáñamo en Italia llega a Europa: ahora decidirá el Tribunal de Justicia

La remisión realizada por el máximo tribunal administrativo italiano abre una vía decisiva que podría poner fin a años de incertidumbres, restricciones y contradicciones legales

Italia se encuentra en el centro de una disputa que se ha prolongado durante años, relacionada con el cáñamo industrial, un sector agrícola que ha crecido con rapidez gracias a la demanda creciente de productos con CBD y flores de cáñamo con bajo contenido de THC.

La cadena de producción incluye miles de empresas y, en la mayor parte de Europa, funciona con reglas claras: el cáñamo procedente de variedades certificadas se trata como un producto agrícola ordinario. En Italia, sin embargo, el marco normativo se ha vuelto cada vez más confuso. Leyes contradictorias, recursos judiciales, incautaciones y sentencias han creado un escenario paradójico, en el que un producto considerado legal en muchos Estados miembros de la UE es tratado como si fuera un estupefaciente.

En este contexto complejo, el Consejo de Estado italiano (que es el máximo tribunal administrativo del país) ha decidido remitir la cuestión más controvertida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La pregunta es la siguiente: cuando las flores de cáñamo proceden de variedades certificadas y contienen un nivel mínimo de THC, ¿deben considerarse productos agrícolas protegidos por el derecho de la UE o pueden prohibirse como si fueran sustancias estupefacientes?

La respuesta determinará el futuro del sector del cáñamo en Italia y aclarará si su marco legislativo está alineado o no con el del resto de la Unión.

La larga genealogía de un conflicto: cómo el caso llegó al Tribunal de Justicia de la UE

El conflicto comenzó en 2022, cuando la Conferenza Stato-Regioni (el órgano italiano donde el gobierno central y las regiones coordinan materias legislativas) aprobó un decreto que clasificaba el cáñamo como planta oficinal y limitaba su uso a fibra y semillas. La medida fue introducida bajo el gobierno de Draghi y parecía una actualización técnica, pero pronto se convirtió en el punto de partida de un enfrentamiento jurídico.

Varias asociaciones importantes, entre ellas Canapa Sativa Italia, Federcanapa, Sardinia Cannabis y Resilienza Italia, impugnaron el decreto ante el TAR Lazio (un tribunal administrativo regional). Alegaban que no había base científica para prohibir las flores de cannabis sativa cuando procedían de variedades certificadas con bajo contenido de THC.

En febrero de 2023 el TAR les dio la razón, anulando la parte del decreto que restringía el uso de la planta y afirmando que una referencia genérica al principio de precaución no basta sin pruebas científicas. El tribunal citó decisiones europeas anteriores, incluida la sentencia Kanavape de 2020, que reconocía que el CBD no es un estupefaciente y confirmaba la libre circulación de los productos derivados dentro de la UE.

Con la llegada del gobierno de Meloni, los Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Salud recurrieron la sentencia, reabriendo un conflicto que se había vuelto aún más complejo. Un nuevo Decreto de Seguridad introdujo una prohibición general sobre las flores de cáñamo, tratándolas como estupefacientes independientemente de su THC.

En este clima, el Consejo de Estado examinó el caso y llegó a una conclusión distinta a la defendida por el gobierno.

Los nudos jurídicos que llevaron al Consejo de Estado a pedir aclaraciones al Tribunal de la UE

La orden del Consejo de Estado señala una serie de inconsistencias que no pueden resolverse dentro del derecho italiano sin una interpretación europea.

Los jueces parten de un dato fundamental que suele ignorarse en el debate político: el derecho de la UE no distingue entre las diferentes partes de la planta de cáñamo. No diferencia entre fibra y semillas, por un lado, y hojas y flores por otro. Las variedades certificadas son las mismas, y el límite de THC fijado por la normativa europea se aplica a toda la planta.

Esto plantea la primera gran cuestión: ¿puede un Estado miembro prohibir el uso y la comercialización de las flores de cáñamo cuando proceden de variedades certificadas y respetan los límites de THC establecidos por la UE?

El riesgo de violar los artículos 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que protegen la libre circulación de mercancías, es evidente. Con niveles de THC descritos como «extremadamente bajos», la justificación basada en la salud pública resulta débil y desproporcionada.

El segundo problema tiene que ver con la legislación italiana sobre estupefacientes. Según el Testo Unico sugli Stupefacenti (la ley nacional de drogas), flores, hojas, aceites y resinas están incluidos en la Lista II sin ningún umbral de THC permitido.

Esta clasificación absoluta entra en tensión con la Política Agrícola Común, con las normas europeas de competencia y con varias sentencias del Tribunal de Justicia que señalan claramente que el CBD no es una sustancia psicotrópica. La superposición entre derecho agrícola y legislación sobre drogas está en el origen del actual bloqueo normativo, que ahora pasa al Tribunal de Justicia.

Efectos inmediatos y posibles escenarios: qué cambia para las empresas y para los tribunales

La remisión a Luxemburgo tiene un efecto inmediato: suspende el procedimiento italiano.

El Consejo de Estado no emitirá una sentencia definitiva hasta que el Tribunal de Justicia proporcione su interpretación. Sin embargo, los efectos probablemente alcanzarán también a otros tribunales. Los jueces civiles, penales y administrativos podrían suspender sus causas, a la espera de la interpretación vinculante que llegue desde Europa.

Según el abogado Giacomo Bulleri, que representa a las asociaciones implicadas, esta suspensión podría generar un efecto dominó. Muchos procesos podrían agruparse o quedar congelados temporalmente, reduciendo el riesgo de condenas o incautaciones que más adelante podrían resultar injustificadas.

Las implicaciones económicas son importantes. El sector del cáñamo en Italia incluye miles de empresas y decenas de miles de trabajadores que operan en la agricultura, la cosmética, la herboristería, los suplementos y la horticultura.

Una prohibición general sobre las flores de cáñamo, que se comercializan ampliamente en el resto de Europa, penaliza a un mercado que, paradójicamente, nació en Italia en 2017. La demanda europea es fuerte y sigue creciendo, mientras que la postura restrictiva de Italia corre el riesgo de aislar a un sector que en otros países se regula como agrícola.

Mientras tanto, en Bruselas, el Parlamento Europeo ha aprobado una enmienda que incluye flores y hojas de cáñamo entre los productos agrícolas regulados por la Organización Común de Mercados. La reforma, prevista inicialmente para 2028, podría entrar en vigor en 2026. Se trata de una señal política alineada con las dudas planteadas por el Consejo de Estado y que amplía la distancia entre la orientación europea y la postura italiana.

Una prueba de coherencia europea: lo que está en juego va más allá del cáñamo

La decisión del Tribunal de Justicia no solo afectará al mercado del cáñamo. Aclarará si un Estado miembro puede imponer restricciones a un producto agrícola que el derecho de la UE integra en el mercado interior.

Si el Tribunal identifica un conflicto entre la legislación italiana y el derecho europeo, las partes incompatibles de la ley italiana serán dejadas sin aplicación automáticamente. No se trata de una decisión política, sino de un mecanismo previsto por los tratados: el derecho de la UE prevalece cuando la norma nacional entra en conflicto con principios como la libre circulación de mercancías y la proporcionalidad de las restricciones.

Por este motivo, la remisión del Consejo de Estado tiene un alcance que supera el caso específico. El conflicto revela una tensión profunda entre la política nacional y las obligaciones europeas. De un lado está un sector agrícola innovador, reconocido en toda Europa. Del otro, un marco normativo italiano que sigue tratando las flores de cáñamo como estupefacientes sin considerar los niveles de THC ni las evidencias científicas.

Una oportunidad para devolver racionalidad a un debate distorsionado

La intervención del Tribunal de Justicia permitirá establecer un marco jurídico más sólido que los vaivenes legislativos de los últimos años.

Sea cual sea la decisión final, Italia tendrá que enfrentarse a años de contradicciones que han confundido a empresas, consumidores e instituciones. Si la UE confirma que el cáñamo industrial es un producto agrícola, como ya indican varias normas y sentencias, será cada vez más difícil justificar incautaciones, procesos penales o prohibiciones generalizadas de flores de cáñamo y productos con CBD.

En los próximos meses, Italia tendrá que asumir un principio que ha quedado demasiado tiempo en un segundo plano: la política agrícola y la política de drogas no pueden superponerse sin generar graves distorsiones.

La sentencia de Luxemburgo será un punto de inflexión. Y podría marcar el inicio de un enfoque más racional y menos ideológico, capaz de reconocer un sector que únicamente pide reglas claras, coherentes y bien fundamentadas.

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La batalla del cáñamo en Italia llega a Europa: takeaways

• La decisión del Consejo de Estado italiano de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone de manifiesto un conflicto profundo entre la normativa nacional, que sigue considerando las inflorescencias de cáñamo como estupefacientes, y el derecho europeo, que reconoce el cáñamo procedente de variedades certificadas como un producto agrícola sujeto a libre circulación. Esta contradicción evidencia un marco italiano incoherente y difícilmente compatible con las reglas del mercado interior.
• La remisión a Luxemburgo tiene un efecto inmediato de suspensión sobre el procedimiento italiano y podría provocar que numerosos casos civiles, penales y administrativos relacionados con el cáñamo queden en pausa. Para un sector formado por miles de empresas, esto significa una reducción del riesgo de incautaciones y sanciones mientras se espera una aclaración europea que podría redefinir toda la cadena productiva.
• La futura decisión del Tribunal de Justicia tendrá un alcance que va más allá del cáñamo: determinará hasta dónde puede llegar un Estado miembro al imponer restricciones a un producto agrícola autorizado por la Unión Europea. Si se declara una incompatibilidad entre la ley italiana y el derecho comunitario, las normas nacionales deberán ser descartadas, abriendo paso a un marco más claro, coherente y alineado con la proporcionalidad y la libre circulación.

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La batalla del cáñamo en Italia llega a Europa: FAQ

¿Por qué el Consejo de Estado italiano remitió el caso de las flores de cáñamo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

El Consejo de Estado envió la cuestión al Tribunal de Justicia porque las restricciones italianas sobre las flores de cáñamo podrían contravenir el derecho europeo. La legislación comunitaria considera el cáñamo industrial un producto agrícola sin diferenciar entre semillas, fibras, hojas o flores. Prohibir flores procedentes de variedades certificadas con un contenido mínimo de THC puede constituir una restricción injustificada a la libre circulación de mercancías y una medida desproporcionada en relación con la protección de la salud pública.

¿Qué efectos inmediatos tiene la remisión del Consejo de Estado en el mercado italiano del cáñamo?

La remisión suspende el procedimiento y probablemente llevará a que numerosos tribunales italianos detengan procesos similares hasta que el Tribunal de Justicia emita una interpretación vinculante. Esto reduce el riesgo de incautaciones o condenas en un sector ya marcado por la incertidumbre jurídica. El impacto económico es notable, ya que miles de empresas dependen de las flores de cáñamo y de productos derivados.

¿Qué podría suceder si el Tribunal de Justicia declara ilegales las restricciones italianas sobre las flores de cáñamo?

Si el Tribunal reconoce que las flores de cáñamo con un contenido muy bajo de THC son productos agrícolas protegidos por el derecho de la UE, las normas nacionales incompatibles deberán dejar de aplicarse. Esto eliminaría las prohibiciones generalizadas, obligaría a Italia a adecuar su legislación a la Política Agrícola Común y al principio de libre circulación, y aportaría una coherencia normativa largamente esperada por todo el sector.